“Yo pensaba "o me muero o me tiro al tren". Ha sido lo peor". Juanga, que tiene ahora 19 años, fue a parar a Casa Joven cuando aún no había cumplido los doce. "Una vez pasé cuatro fines de semana en un reformatorio y era mucho mejor. La gloria al lado de Casa Joven. Desde el principio los educadores te dejan las cosas claras: 'Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche'. Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre, que es gitana. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran abusos. Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad”.
El informe del Defensor del Pueblo destapó la caja de los truenos en los centros terapéuticos para menores en el 2008 pero también cuecen habas en los de Reforma y en los de Acogida: la asociación SOS Racismo acompañó a una veintena de menores inmigrantes a denunciar a mediados de marzo al Centro de acogida de Deba, en Guipuzcoa por malos tratos. En sus testimonios relatan cómo un educador estampó la cabeza de uno de ellos contra un árbol y que el maltrato y los insultos son habituales. Aseguran que en varias ocasiones la dirección del centro les presionó para que firmaran el alta voluntaria y se fueran a otra Comunidad Autónoma, amenazándoles, si no, con devolverles a Marruecos ya que cerca del 80 por cien de los internos de este centro provienen de ese país.
Maite Etxaniz, diputada foral de Política Social señaló que se está investigando si, efectivamente, hubo maltrato en Deba. La diputada añade que “Emitir mensajes equívocos, apoyar a los menores en su enfrentamiento con el equipo educativo, cuestionar la profesionalidad de todos los educadores de la red, hablar de derechos pero nunca de deberes es un claro error que viene cometiendo SOS Racismo” y añadió que el papel que está «jugando esa entidad respecto a la atención de menores extranjeros ha sido claramente distorsionador y perturbador”. También aclara que esos adolescentes “se han enfrentado fuertemente al equipo educativo y a otros menores que también tienen derecho a la protección foral. Han originado altercados y ha sido necesario emplear la contención”.
Picón de Jarama es uno de los centros que salen peor parados del reciente informe del Defensor de Pueblo, quien denunció una sala de contención física de los menores "siniestra", "sin ventana", recubierta de una goma negra "que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable", de "desnudos integrales" durante los registros; de niños y adolescentes que refieren sanciones degradantes. Durante el último año hubo ocho bajas voluntarias de un total de 23 trabajadores.
Según Gema Fernández- Cueto, directora de la Red de Centros Especializados de la Fundación O'Belén, cada quince días los menores tienen reuniones con el director del centro. "También disponen de hojas de queja. Hay registros de cada sanción, nunca se castigaría a un chico por hablar caló, árabe o cualquier otro idioma, y las contenciones físicas están controladas por psiquiatras".
En Madrid son sobrecogedoras las cartas de algunos niños y niñas del Centro de Reforma “Los Rosales 1” y “Puerta Bonita”, gestionados por la "Fundación y Asociación Respuesta Social Siglo XXI" (ARS). Desde 2006 han estado pidiendo ayuda a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), cartas que según Carmen Balfagón, directora gerente, “fueron reenviadas al Defensor del Pueblo sin que éste advirtiera ninguna anomalía”. Estas y otras misivas han sido presentadas, a través del sindicato CGT, a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. Actualmente se encuentran en estudio por parte de esta Institución dependiente del Gobierno.
En las denuncias se expone que, en diciembre de 2005, un educador de Los Rosales, que luego pidió la baja voluntaria, comentó a otro compañero de este sindicato que el subdirector del centro, “mientras el chaval estaba boca abajo en el suelo con un vigilante encima, le estuvo golpeando la cara con un “walkie-talkie”. Otro dice que “he visto cómo después de entrar un educador en una de las celdas, el menor se ha llegado a orinar de miedo”. “En alguna ocasión algún chaval ha tenido este tipo de contención física y mecánica y ha acabado, casualmente, con la cara hinchada. Cuando un chaval se queja más a menudo de lo normal, se le pide a ciertos educadores de confianza que le provoquen para poder engrilletarle y hacerle una contención física y mecánica”.
Las denuncias, por escrito, de los educadores al Defensor del Pueblo hablan de “continuas amenazas, lenguaje violento, conductas de intimidación y agresiones físicas por parte de la Dirección y Coordinación y que los educadores y técnicos especialistas carecen de titulación socio-sanitaria ni experiencia alguna en el trato con menores”.
Un tercero comenta que “se utiliza la actividad deportiva como una tortura física: los “entrenamientos” eran brutales”. Y es precisamente lo que refiere la carta de un chico: “El viernes 4 de julio de 2008 una educadora nos manda a los diez menores que éramos, hacer cien flexiones seguidas. Solicitamos que resuelvan y terminen con esta rutina y malvivir… Muchas gracias y perdonen las molestias causadas: vengan lo antes posible por favor para terminar con esta pesadilla”.
“Hay tres patios para sacar a los menores -explica otro ex contratado-. Uno de ellos tendrá unos 25 pasos por cinco. Si el chico esté sancionado no puede dejar de andar. Tiene prohibido estar sentado ni pararse, apoyado en la pared o en cuclillas. Prohibido cantar, silbar o correr. Si hace algo de esto se le sube a la celda. La situación normal de los menores es salir una hora y media al día al patio para hacer deporte... que consiste en correr continuamente durante cincuenta minutos o una hora. Si llueve, no salen en ningún momento”.
Lo que sigue son declaraciones de los propios menores extraídas de las cartas que ha recibido el Defensor del Pueblo: “Hola, soy un menor infractor. Aquí en Los “Rosales” pasamos todos mucha hambre. También sufrimos malos tratos psicológicamente. Aprovechan su autoridad para humillarnos. A muchos inmigrantes (ecuatorianos, colombianos, dominicanos, marroquíes…), a los que somos de color negro como es mi caso y a algunos de mis compañeros nos dicen: “Putos negros váyanse a vuestro puto país que sois cucarachas”, etc. Y quiero que sepan que no pongo mi nombre por miedo a lo que nos puedan hacer. Atentamente: Un menor que se arrepiente más de estar aquí que por lo que hice.”
Otro chico dice: “ Hay un grupo de educadores que se dedican a meterse con los menores llamándoles por motes y además nos faltan el respeto y a nuestra dignidad gritándonos y están todo el día amenazándonos a la mínima con sanciones. También quiero comunicar que muchos de mis compañeros nunca escriben quejas porque tienen miedo a represalias. Y si ustedes no me creen averigüen, que es verdad todo lo que escribo”.
Otro adolescente asegura que “Esta carta está escrita anónimamente por el miedo a lo que pueda pasarme. Quiero informar que en este centro pasamos mucha hambre. Nos humillan diciéndonos que no somos nada y que somos basuras para la sociedad. A veces utilizan términos como “negro de mierda”. No me he sentido reformado sino con más odio por estar ahí dentro y sin tener que ver con la privación de libertad. Hay abusos por parte de vigilantes y algunos educadores. Me refiero a abusos físicos, agresiones. Al entrar te tratan como a un perro: tienes dos vigilantes dándote rodillazos en la espalda por detrás mientras te sientan, te gritan. La mayoría se dedica no a educarte, a hacerte la vida imposible, a buscarte sanciones y a provocarte para que saltes. Yo no guardo rencores, yo quiero que cambien a esas personas y que las echen y que las den su merecido legalmente porque son malvadas y malas”.
El ex trabajador refiere también que “la comida es deleznable y asquerosa. La mayoría de las veces está quemada y fría y en poca cantidad. No es raro encontrar pelos o pequeños bichos. La subdirección ha llegado a comentar lo “arriesgado” que es comer en el centro porque que el aceite se reutiliza muchas veces y es de bajísima calidad”.
Carmen Balfagón reconoce que, efectivamente, hubo problemas en el pasado con la comida y que, al comprobarlo despidió a las dos cocineras inmediatamente. “Prueba de que el problema ha sido subsanado es que los menores de ese centro, con los que me reuno a solas y a puerta cerrada para escuchar sus quejas, no han vuelto a referirme nada en ese sentido”.
Otro menor denuncia: “Siempre están diciéndonos que somos unos delincuentes y que vamos a quedarnos por ahí tirados como perros. Nos preguntan irónicamente si alguien nos quiere, que somos lo peor de la sociedad y cosas tan fuertes como que tendría que haber pena de muerte en España. Si salimos con ropa no adecuada nos sancionan pero es que no tenemos ropa”.
El ex trabajador adscrito a CGT continúa: “La Dirección no se preocupa por proveerse de tallas adecuadas. La ropa está sucia y, además, se comparte: los calzoncillos son comunes. En numerosas ocasiones las tallas son desproporcionadas, facilitando los insultos o motes por lo ridículo de su vestimenta. El calzado está usado y gastado y no suele corresponder con el número de cada interno. Es habitual que los menores corran con zapatillas dos o tres números más pequeños. Durante la semana, los menores pueden llegar a desarrollar trabajos en jornadas de más de ocho horas”.
Carmen Balfagón desmiente tajantemente que esto sea verdad, cosa que también niega el responsable de Comisiones Obreras Jorge Corgayón: “Mienten descaradamente. En los centros sabe todo el mundo que Carmen Balfagón se presenta sin avisar y que habla con los chavales. Hasta que se creó la Agencia del Menor Infractor (ARRMI) había problemas pero ahora no. Hay dos protocolos de actuación y dos equipos de inspección. Uno de la propia Agencia que se entrevista periódicamente con los educadores y los chicos y otro, dependiente de la Fiscalía de Menores y del juez de Menores. que hacen que, en la práctica, sea imposible lo que los trabajadores de CGT denuncian: el 99 por cien de los casos de maltrato no son ciertos como tampoco lo es que se les provoque para que sean sancionados”.
“No me han llegado tampoco protestas sobre la ropa. Soy sindicalista y de izquierdas y, lógicamente, poco tengo que ver políticamente- añade Corgayón- con los responsables de la Comunidad de Madrid pero hay que reconocer que Carmen Balfagón nos ha desarmado: no hay una sola Comunidad Autónoma en toda España que funcione con los menores con la claridad y eficiencia que aquí se lleva a cabo.”
Otro trabajador que estuvo en el centro del 2006 al 2008 asegura que “ Un día escuchamos a un coordinador hablándoles de las formas para suicidarse”. Habla también de “Estructuras potencialmente peligrosas para la integridad física de menores y trabajadores”. Y si se produce cualquier situación “embarazosa” para el centro, como por ejemplo que los menores se quejen en gran número a la ARRMI, “son sometidos a fuertes interrogatorios con amenazas de quedarse sin ciertos privilegios y derechos”.
Otro menor denuncia: “Siempre están diciéndonos que somos unos delincuentes y que vamos a quedarnos por ahí tirados como perros. Nos preguntan irónicamente si alguien nos quiere, que somos lo peor de la sociedad y cosas tan fuertes como que tendría que haber pena de muerte en España. Si salimos con ropa no adecuada nos sancionan pero es que no tenemos ropa”.
El ex trabajador adscrito a CGT continúa: “La Dirección no se preocupa por proveerse de tallas adecuadas. La ropa está sucia y, además, se comparte: los calzoncillos son comunes. En numerosas ocasiones las tallas son desproporcionadas, facilitando los insultos o motes por lo ridículo de su vestimenta. El calzado está usado y gastado y no suele corresponder con el número de cada interno. Es habitual que los menores corran con zapatillas dos o tres números más pequeños. Durante la semana, los menores pueden llegar a desarrollar trabajos en jornadas de más de ocho horas”.
Carmen Balfagón desmiente tajantemente que esto sea verdad, cosa que también niega el responsable de Comisiones Obreras Jorge Corgayón: “Mienten descaradamente. En los centros sabe todo el mundo que Carmen Balfagón se presenta sin avisar y que habla con los chavales. Hasta que se creó la Agencia del Menor Infractor (ARRMI) había problemas pero ahora no. Hay dos protocolos de actuación y dos equipos de inspección. Uno de la propia Agencia que se entrevista periódicamente con los educadores y los chicos y otro, dependiente de la Fiscalía de Menores y del juez de Menores. que hacen que, en la práctica, sea imposible lo que los trabajadores de CGT denuncian: el 99 por cien de los casos de maltrato no son ciertos como tampoco lo es que se les provoque para que sean sancionados”.
“No me han llegado tampoco protestas sobre la ropa. Soy sindicalista y de izquierdas y, lógicamente, poco tengo que ver políticamente- añade Corgayón- con los responsables de la Comunidad de Madrid pero hay que reconocer que Carmen Balfagón nos ha desarmado: no hay una sola Comunidad Autónoma en toda España que funcione con los menores con la claridad y eficiencia que aquí se lleva a cabo.”
Otro trabajador que estuvo en el centro del 2006 al 2008 asegura que “ Un día escuchamos a un coordinador hablándoles de las formas para suicidarse”. Habla también de “Estructuras potencialmente peligrosas para la integridad física de menores y trabajadores”. Y si se produce cualquier situación “embarazosa” para el centro, como por ejemplo que los menores se quejen en gran número a la ARRMI, “son sometidos a fuertes interrogatorios con amenazas de quedarse sin ciertos privilegios y derechos”.
Rosales y Puerta Bonita no son los únicos centros con “anomalías”. El informe que presentó en su día Enrique Múgica es demoledor. Así denunciaba, por ejemplo que en Sirio I (Madrid) se determina algo tan crucial para los chicos como el número de visitas. Las llamadas telefónicas y las cartas son libres, pero en muchos centros (Santa Lucía y Berzosa en Madrid, Nuestra Señora de la Paz en Cuenca y Baix Maestrat en Castellón) no son privadas. En éste último, los chicos deben pagar las llamadas”. También "es habitual" que el menor "tenga que abrir el correo delante del tutor". Hay centros, como Nuestra Señora de la Paz de "estilo carcelario". Otros están "descuidados y prácticamente abandonados" (Casa Joven Juan Carlos I en Guadalajara y Chavea en Pontevedra). Otros son "claustrofóbicos", como el de Tetuán (Madrid). En todos se realizan registros personales y de los dormitorios, incluso con desnudos integrales (Sirio I, Baix Maestrat, L'Omet, en Alicante; Zandueta, en Navarra, y La Quintanilla en Murcia). "La ventilación es muy mala, y la falta de oxígeno e higiene resulta acuciante", señalaba el informe. Además, muchas habitaciones no se pueden abrir desde dentro y no hay interfonos, por lo que si sucede algo -una chica sufrió un ataque de pánico en Tetuán y se autolesionó-, nadie se entera. En algunos centros (Can Rubió en Barcelona o Picón de Jarama en Madrid) se obliga a los menores a tomar fármacos sedantes en contra de su voluntad.
El sacerdote Enrique de Castro, de la Coordinadora de Barrios, en Madrid, recuerda el caso de un chico del centro de Guadarrama. “Recurrió a nosotros y tras, escuchar que cuando se portaban mal les encerraban solos en una habitación pequeña con ventana con rejas y un colchón en el suelo y, que si se ponían nerviosos les esposaban las manos y les ponían cinta de embalar en los pies, pedimos amparo al entonces fiscal de Menores, Félix Pantoja”. De hecho, Esperanza García, directora del Instituto del Menor y la Familia de Madrid, (IMMF)en aquel momento, cerró tres centros regentados por la asociación Diagrama y así lo hicieron también con otros en Murcia, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Galicia y Aragón.
La asociación Prodeni denuncia la complicidad de las administraciones: "Por ejemplo, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspección a cada centro una vez al año, pero se callan que dicha inspección suele advertirse con quince días de antelación. Y en esas inspecciones no se requiere diálogo o conversación alguna con los niños y niñas: es decir, no se les pregunta".
Tras el escándalo de la ONG O´Belén, Conde-Pumpido, el Fiscal General, ha ordenado inspecciones periódicas en los centros de menores. Serán trimestrales, sin aviso previo, y con entrevistas al personal y a los niños.
Según José Luis Calvo, de la asociación Asapa, “La politica del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia (IAASIFA) prioriza la ley de extranjeria sobre la ley de protección: En alguna ocasión oí que si se trataba bien a los menores se aumentaria el “efecto llamada” asi que lo mejor sería mantenerlos en las condiciones necesarias para que retornaran por donde vinieron. El no facilitarles cursos de formación, retrasar la documentación y elaborar procedimientos para alargar en el tiempo su permanencia han sido algunas de las irregularidades”.
Jaime Barrientos y Javier Faurié
El sacerdote Enrique de Castro, de la Coordinadora de Barrios, en Madrid, recuerda el caso de un chico del centro de Guadarrama. “Recurrió a nosotros y tras, escuchar que cuando se portaban mal les encerraban solos en una habitación pequeña con ventana con rejas y un colchón en el suelo y, que si se ponían nerviosos les esposaban las manos y les ponían cinta de embalar en los pies, pedimos amparo al entonces fiscal de Menores, Félix Pantoja”. De hecho, Esperanza García, directora del Instituto del Menor y la Familia de Madrid, (IMMF)en aquel momento, cerró tres centros regentados por la asociación Diagrama y así lo hicieron también con otros en Murcia, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Galicia y Aragón.
La asociación Prodeni denuncia la complicidad de las administraciones: "Por ejemplo, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspección a cada centro una vez al año, pero se callan que dicha inspección suele advertirse con quince días de antelación. Y en esas inspecciones no se requiere diálogo o conversación alguna con los niños y niñas: es decir, no se les pregunta".
Tras el escándalo de la ONG O´Belén, Conde-Pumpido, el Fiscal General, ha ordenado inspecciones periódicas en los centros de menores. Serán trimestrales, sin aviso previo, y con entrevistas al personal y a los niños.
Según José Luis Calvo, de la asociación Asapa, “La politica del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia (IAASIFA) prioriza la ley de extranjeria sobre la ley de protección: En alguna ocasión oí que si se trataba bien a los menores se aumentaria el “efecto llamada” asi que lo mejor sería mantenerlos en las condiciones necesarias para que retornaran por donde vinieron. El no facilitarles cursos de formación, retrasar la documentación y elaborar procedimientos para alargar en el tiempo su permanencia han sido algunas de las irregularidades”.
Jaime Barrientos y Javier Faurié
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